¿La valoración documental en contra de la apertura de la información?
Nuestra sociedad digital ha llegado a dirimir una serie de retos que están en constante tensión por lo que muchas veces es difícil encontrar el justo medio como lo aconsejaba Aristóteles.
Si bien en el campo de nuestra profesión de archivistas hay aspectos positivos traídos por los diversos temas como la transparencia, el derecho de acceso a la información, la protección de la privacidad, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y el combate a la corrupción, etcétera, también se nos presentan obstáculos que pueden impedir el ejercicio tradicional de nuestra profesión sobre todo con el servicio de acceso a la memoria histórica.
Efectivamente los nuevos valores democráticos de la sociedad contemporánea que pide apertura de información, abren nuevas posibilidades y potencian temas del profesional de los archivos como el de la valoración documental. En este rubro, la transparencia exige deliberaciones abiertas de los juicios que determinan el destino final de los documentos. Igualmente, los criterios de conservación se han ampliado a la documentación relacionada con los derechos humanos, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción; hoy más que nunca, se apela a una visión de largo aliento para no precipitar decisiones en este proceso delicado del trabajo del archivista. Por ejemplo, recientemente en Colombia el AGN emitió una circular sobre “la protección de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
Pero también las tensiones se trasladan sobre el acceso mismo a los documentos cuando confrontamos el derecho a la privacidad y la apertura de los documentos para alimentar la memoria histórica. ¿Será imposible hacer historia si el derecho a la privacidad es atemporal? ¿Qué hacer en el caso de que el titular de ese derecho ya no exista o los documentos relacionados con alguna persona pública que hizo daño a la sociedad desde el punto de vista ético, patrimonial o en relación a los derechos humanos pueda quedar impune por falta de pruebas “legalmente” protegidas? Es decir, ¿Quedará impune porque no hay capacidad o voluntad para armonizar las leyes?
El archivista debe tener voz para pelear por un uso racional de las leyes y ser un factor que permita armonizar los contrarios: el derecho al olvido -el derecho a la memoria; el derecho a la privacidad- el derecho a la investigación plena de la documentación histórica.
La valoración documental tiene una misión positiva. No es un proceso para destruir documentos sino para conservar información valiosa con el fin de dar acceso para la investigación. Es un proceso que reclama prácticas abiertas y de frente a la sociedad, prácticas documentadas donde se muestre la argumentación sólida y racional de las decisiones tomadas por los cuerpos colegiados en dicho tema.